Es el mayor reto y, cuanto antes se tomen medidas, menos difícil será abordarlo.
No pueden correr con el gasto sólo los pensionistas o sólo los trabajadores y contribuyentes.
El mundo envejece, y España envejece aún más. De hecho, España ya ha envejecido debido a la combinación del aumento continuado de la esperanza de vida, y de la caída, también continuada, de la natalidad. Esto se ha compensado, parcialmente, con la inmigración. Estos factores demográficos condicionarán más que ninguna otra cosa la economía en España, como ya lo han hecho en países que nos llevan la delantera en este proceso como Japón.
El coste directo del envejecimiento es el más importante para las Arcas Públicas. Fundamentalmente es una cuestión de pensiones, pero tampoco podemos olvidar el aumento del gasto en sanidad y dependencia. También es cierto que el gasto en educación debería disminuir. Con esos mimbres, la Comisión Europea realiza un informe sobre el coste del envejecimiento a largo plazo en los países de la UE y algunos otros. Las perspectivas que da para España el reciente informe 2024 son extraordinariamente sombrías.
Antes de entrar en números, todos sabemos que no es la primera vez que se ven estas perspectivas. Durante los años 90, también se habló de este tipo de problemas. Sin embargo, el crecimiento, y la inmigración, entre 1996 y 2007 batieron todos los récords, y alejaron el problema. Pero, si tomamos la perspectiva de los últimos quince años, el panorama cambia. En 2007, el gasto total en pensiones fue de 91.458 millones de euros, un 8,5% del PIB. En este 2023, las pensiones públicas ascendieron a 190.687 millones de euros, un 13,04% del PIB. Recaudamos más que 2007, y si no fuese por el aumento del gasto de pensiones, también tendríamos superávit, aunque inferior, en nuestras cuentas públicas, y no un déficit del 3,64%.
Fuente: El Economista