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Meses, años, más bien, llevan algunos Grupos Parlamentarios de determinadas comunidades autónomas, más discriminadas en materia de tributos cedidos, luchando por la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).
El objetivo es evitar las alarmantes disparidades fiscales observadas entre distintas regiones en materia fiscal que no conducen más que a generar fuentes de confrontación. No creo en las críticas del «dumping fiscal» o de la competencia desleal realizadas contra la Comunidad de Madrid.
Es la competencia autonómica, atribuida en virtud de la legislación estatal, la que permite a las regiones aprovechar las mayores o menores ventajas fiscales. Por tanto, si no las disfrutamos será porque no queremos hacer uso de esa capacidad normativa.
El clamor popular de la supresión del ISD, independientemente de la ideología política, no es una demanda exclusiva de una Comunidad Autónoma, sino que se «salpica» por las distintas regiones del territorio nacional. Andalucía, Asturias y Extremadura son ejemplos clave en la actualidad.
Eso sí, no confundamos estos movimientos con algunos comportamientos extremistas que se observan en Asturias, como los anunciados en algunos medios de comunicación, y que suponen una «intimidación» a los empleados públicos del Ente Público de Servicios Tributarios, que velan por el cumplimiento de la legalidad vigente.
La recogida de firmas es el proceder lícito de los ciudadanos con la consiguiente creación de distintas Plataformas. Organizaciones encaminadas a la práctica supresión del tramo autonómico del ISD.
Si bien no se debe generar confusión, en la medida que la presentación de 500.000 firmas, en materia de naturaleza tributaria, no puede ser objeto de iniciativa legislativa popular como algunos pretenden.
Deterioro
El impuesto va deteriorando poco a poco la situación de algunos españoles, frente a otros. La renuncia a las herencias es una de sus posibles consecuencias. De hecho, personas jurídicas y físicas «huyen» hacia Comunidades con mayores ventajas fiscales. Antes el destino preferente era Madrid; ahora puede serlo Cantabria o Galicia.
Algunas autonomías, como Asturias, han visto aprobados sus Presupuestos Generales para el 2017 «in extremis» gracias al apoyo del PP. En ese momento, la negociación trajo consigo, por un lado, la corrección del «error de salto» que «sangraba» a las familias y, por otro, el incremento de la reducción a los 200.000.
Se «dio una vuelta de tuerca» más negociando la aprobación de una ley de modificación de los tributos cedidos que englobase el aumento del mínimo exento hasta los 300.000, la reducción de 10 a 3 años la exigencia del mantenimiento de la vivienda habitual y el derecho del medio rural y de las empresas a disfrutar de ciertas ventajas que, por el contrario, si se beneficiaban en otras autonomías como Galicia.
En Andalucía, sin embargo, se «echan balones fuera», al pedir al Estado que sea él el que recupere totalmente la competencia del ISD. Por analogía, se podría estar abriendo la puerta a un debate: ¿Querrá Andalucía que se devuelvan también competencias al Estado como sanidad, educación u otras? Incoherencia máxima, especialmente si pensamos que lo único que se pretende conseguir con ello es elevar los tipos impositivos aplicables.
No nos cabe duda que éste será uno de los temas estrella en la futura reforma de la financiación autonómica.
*Emma Ramos Carvajal es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración, ex interventora General y actualmente portavoz de Hacienda y Economía del Partido Popular en Asturias.

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