Trabajo no ha avanzado su propuesta pero «no perderá poder adquisitivo».
La CEOE, siempre la parte más conservadora, pide elevarlo hasta 1.112 euros.
Si la inflación media de 2023 fuera del 3,8%, un SMI ajustado sería de 1.121 euros.
La mesa de negociación entre Gobierno y agentes sociales para plantear la próxima revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está a punto de ser convocada y las partes preparan ya sus propuestas. La CEOE ya ha planteado su hoja de ruta, que apuesta por elevar la renta mínima un 6% en los dos próximos años -a razón de un 3% anual-, que lo situaría en 1.112,4 euros en 14 pagas en 2024. A falta de conocer la propuesta de Trabajo y sindicatos, el objetivo de que suponga al menos el 60% del salario medio y la ‘defensa’ ante la inflación sientan las bases para confirmar que el incremento se situará, como mínimo, en el entorno los 1.120 euros.
Desde 1.080 euros el que parten las negociaciones que miran a 2024. En las últimas dos ocasiones, la patronal se ha desvinculado de los acuerdos, que han sido sacados adelante por el Gobierno sólo con el apoyo de los sindicatos. En cuanto a la propuesta del Gobierno, se desconoce por el momento en qué margen de subida se mueve Trabajo y si contará, de nuevo, con la asesoría de un comité de expertos. Aún así, este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra al frente de esa cartera, Yolanda Díaz, ha dado las primeras pistas de los límites mínimos en los que se moverán. En concreto, ha indicado que tendrá en cuenta la propuesta de CEOE sobre el SMI pero ha avisado de que no puede perder poder adquisitivo.
Es la inflación la que marcará el ritmo de la próxima subida. Aunque esta vez la negociación estará marcada por un contexto de inflación más moderado, Díaz ha recordado que se espera que la inflación interanual de noviembre oscile entre el 3,7% y el 3,8%, por lo que la propuesta de la CEOE no llegaría a cubrir el avance de los precios. De ajustar la subida del SMI también al 3,8%, este ascendería al menos en 41 euros el próximo año para llegar a 1.121 euros, nueve euros más que la propuesta de los representantes de los empresarios.
Fuente: El Economista