Nueve autonomías no finalizaron ni una sola vivienda de este tipo para arrendamiento.
Las 9.610 casas acabadas en 2022 se quedaron el año pasado en 8.646, el ejercicio con menor actividad desde 2019.
La vivienda pública se erigió como una de las principales promesas durante la campaña electoral previa a las elecciones municipales y autonómicas. De hecho, se anunciaron planes ambiciosos de construcción de viviendas con el objetivo de abordar la crisis habitacional que afecta a amplios sectores de la población, pero parece que todo ha quedado en agua de borrajas.
Los últimos datos oficiales revelan un preocupante retroceso en la construcción de vivienda pública en España. De hecho, hay tres autonomías (Baleares, Canarias, Cantabria) que no han promovido ni una sola Vivienda de protección oficial (VPO) en 2023 y en otras seis (Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja) se han construido, pero sólo para la venta, no para el arrendamiento.
El año pasado el país sumó 2.302 calificaciones definitivas de viviendas protegidas destinadas al alquiler, tanto en los planes estatales como autonómicos. Esto supone un estancamiento con respecto al año anterior.
En Andalucía el panorama casi llega al 24% de la vivienda protegida destinada al arrendamiento, lo que equivale a 160 casas en la región más poblada de toda España. La segunda autonomía que más viviendas se finalizaron fue Cataluña con 400, un dato que baja en volumen y cuyo porcentaje corresponde a un 17,8% en 2023, frente al 26,3% en 2022.
Fuente: El Economista