El propietario asume los costes de la insuficiencia de vivienda social.
El escudo social ha tenido un efecto llamada multiplicador.
La prórroga de bloqueo de lanzamientos podría ser alargada.
Anatomía de la ‘okupación’ nacional, es decir, de la usurpación de vivienda de manera ilegal. El fenómeno, que arrancó en Europa en la década de los 80 del pasado siglo, ha experimentado en España, según datos de la Administración de Estado, un repunte de hasta un 40% desde 2018 a esta parte.
Se trata de un elemento de vivienda que es especialmente elevado en Cataluña y en zonas costeras como Baleares, Murcia, Valencia o Andalucía. Solo en un año, entre 2020 y 2021, los hechos reconocidos por delitos y faltas han pasado de 14.621 a 17.274 casos, muy lejos de los 3.849 de 2011.
Cuando media contrato de alquiler.
Acrecentado el fenómeno por la última crisis económica, y como consecuencia de la pandemia provocada por el covid-19, en España ha arraigado con fuerza una nueva variante de la ocupación: la ‘inquiocupación’.
En los últimos dos años, la ‘inquiocupación’ y por tanto el ‘inquiocupa’ -quien se instala en una vivienda, previo contrato de alquiler, y que al poco tiempo deja de pagar- ha llegado a significar el 70% de este delito mal tipificado y regulado como denuncian colegios de abogados, plataformas de afectados por la okupación, Think Tank como Acción Liberal o, expertos en la materia, como Charo Huidobro -también vicepresidenta de la Asociación Gallega de Profesionales de la Criminología- y, en definitiva, organismos que promueven medidas a un problema que toca a más de un millón de casos, incluidos propietarios particulares, bancos y fondos de inversión.
Sin cambios legislativos desde 2018, momento en el que se acomete una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el consenso mayoritario es que España no dispone como otros países de su entorno de un marco legal suficiente para proteger al propietario, el gran damnificado de un sistema garantista.
Sin solución ni diligencia por parte de la Administración, el propietario o tenedor de vivienda afectado -entre los cuales hay pensionistas y personas en el paro y con necesidad de liquidez, amén de las comunidades de vecinos , dañadas por la inseguridad que en muchos casos aparece- ha pasado a asumir los costes de la insuficiencia de vivienda social en España.
La impotencia de las autoridades de poder frenar a las bandas criminales, mafias organizadas que ofrecen viviendas que no son suyas, a inquilinos en su mayor parte extranjeros, sin papeles y vulnerables, ha agravado más la actual coyuntura.
Los propietarios asumen casos sangrantes.
Como consecuencia de este marco legal, con el consiguiente ‘efecto llamada’, los propietarios asumen casos sangrantes. Y como muestra, un botón: pagan el IBIde los hogares ocupados ilegalmente; el pago de suministros como luz y agua -para que las empresas no los corten-; el coste de otro tipo de impuestos, además de la asunción de hipotecas -que no dejan de pasar el recibo mes tras mes-. Por último, tampoco disponen de ese patrimonio, cuando les es necesario.
Los rostros.
La prominente expansión de la ‘inquiocupación’ en España viene en buena medida de la mano del desarrollo del Real Decreto Ley 37/2020, por el cual, desde la pandemia, se impiden los desahucios de personas vulnerables sin solución habitacional.
El perfil de los nuevos ocupas es distinto. Ya no es tanto el vulnerable sin ningún tipo de recursos que intenta pasar desapercibido y no llamar la atención.
Fuente: El Economista