La institución propone unificar el tributo para aumentar la recaudación.
El análisis no tiene en cuenta ni las donaciones, ni los regímenes forales.
El aumento de los ingresos sería insuficiente para cerrar el déficit público.
A principios de mes, el Banco de España publicó un informe analizando el impacto hipotético en la recaudación que tendría homogeneizar el impuesto sobre sucesiones y donaciones a nivel estatal para acabar con las diferencias regionales. El organismo estima que los ingresos del fisco se elevarían en unos 7.000 millones de euros anuales si el tributo aplicara la norma estatal, que no cuenta con las bonificaciones autonómicas. La institución encabezada por José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social durante el Gobierno de Pedro Sánchez, ha levantado polémica entre la oposición, que cree que hay una intencionalidad encubierta detrás del análisis para promover una reforma fiscal.
«El nombramiento a dedo de Escrivá como gobernador del Banco de España, cargo al que llega directamente desde uno de los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, ha comprometido la credibilidad e independencia de la institución», criticó Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. El Partido Popular, que gobierna en el grueso de las autonomías con bonificaciones, incluida Andalucía, ha sido un opositor en los últimos años al impuesto sobre las herencias, mientras que el PSOE ha sugerido en varias ocasiones unificar la normativa y aumentar las cuantías, particularmente a los legados más ricos.
Impuesto estatal sin bonificaciones.
El informe del Banco de España analiza cuánto aumentaría la recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones si se eliminaran las bonificaciones autonómicas y se aplicara íntegramente la ley estatal. Según los autores del análisis, Isabel Micó y Roberto Ramos, con datos de 2022, la recaudación aumentaría en 7.000 millones de euros, pasando de los 3.200 millones de euros que ingresaron las Administraciones Públicas ese año a las 10.200 millones si aplicaran la ley nacional.
Fuente: El Economista.