Los expertos creen que España deberá corregir un desvío de unos 14.000 millones de euros.
Los investigadores universitarios también detectan un creciente déficit contributivo.
La última reforma de pensiones ha centrado sus esfuerzos en mejorar los ingresos, a costa de no modificar las partidas de gasto. El paquete de medidas introducido por José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social hasta 2023, incluía una cláusula de salvaguarda para corregir posibles desvíos del gasto. Expertos como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya calculan que el sistema de pensiones español necesitará un ajuste entre 0,6 y 1,1 puntos de PIB tras la última reforma, lo que se traduciría en una subida de los tipos de cotización de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales para cubrir un desvío de 8.000 a 14.000 millones.
La cláusula, que es un mecanismo de ajuste semiautomático, se incluye como contrapartida a posibles desajustes en las previsiones. Forma parte del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización aplicada sobre todas las nóminas que no genera un derecho extra a prestación.
En definitiva, si hay un desvío del gasto, el Gobierno se deberá sentar la próxima primavera de 2025 con los agentes sociales para plantear un recorte, subir más las cotizaciones o combinar ambas opciones. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, los Presupuestos de 2026 recogerían una subida automática de las cotizaciones.
«La reciente reforma suspendería su primer examen de viabilidad, confirmando las dudas existentes sobre su diseño lo que sugiere que sería buena idea reabrir el tema de forma inmediata», firma tajante Ángel de la Fuente, el director del think tank. Esta voz se une a la de instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el propio Banco de España, que apuntan a la necesidad de medidas extra para corregir la reforma.
Fedea publicó esta semana una nota De la Fuente en la que se revisan las proyecciones de ingreso y gasto del sistema público de pensiones que ofrece el último informe de Bruselas, comparándolas con las de su antecesor y con las publicadas en los últimos años por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y explora las implicaciones de estas cifras para la evaluación del sistema prevista para el año que viene.
La Comisión Europea publicó hace unas semanas la nueva edición de su informe trienal sobre el impacto del envejecimiento poblacional, el Ageing Report en su edición de 2024, un documento que ha generado revuelo por exponer unas previsiones de gasto e ingresos diferenciadas de las que compartió el Ministerio de Seguridad Social. Y, especialmente, por llevar esas previsiones hacia un escenario más pesimista, en el que se espera que la caja de las pensiones tenga que afrontar un mayor desembolso a costa de incrementar los costes laborales.
Fuente: El Economista