El plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros con medidas por valor de 6.000 millones en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones más en créditos ICO durará, en la mayoría de los casos, 3 meses. Hasta el 30 de junio.
El Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, protege a familias, trabajadores, personas desplazadas; cuenta con medidas para apoyar al tejido económico y empresarial y se dirige a los sectores más afectados: agropecuario, pesquero, del transporte, ciberseguridad y energía.
Se trata de limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad.
Si bien algunas ayudas de carácter social como la bonificación de combustibles, el incremento del ingreso mínimo vital o los límites a la revisión del precio de los arrendamientos pueden resultar novedosas, de cara a las empresas y autónomos la hoja de ruta diseñada por la Moncloa responde a viejas recetas ya utilizadas durante la pandemia. Tal y como dicen fuentes expertas “El grueso de plan vuelve a ser dinero en forma de crédito en vez de en ayudas directas”
Extensión de los plazos de vencimiento y carencia de los avales ICO.
Los sectores más afectados por el encarecimiento de los combustibles podrán solicitar una carencia en la devolución de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia.
Según datos del ICO, hay unas 380.000 empresas con periodos de carencia que debían concluir en este segundo trimestre del año, con lo que ahora, tras la entrada en vigor de esta nueva norma y la correspondiente aprobación en Consejo de Ministros, lo harán muy probablemente en octubre, noviembre y diciembre. Seis meses después.
La medida, eso sí, no será para todas las empresas, sino solo para las de los «sectores más afectados» por la crisis de precios energéticos. En principio los de: agricultura, ganadería, pesca y transportes.
Igualmente, el vencimiento de los préstamos blindados concedidos por la Covid 19, que rondan los 100.000 millones de euros, podrá ampliarse sin necesidad de que la facturación haya caído más del 30% en 2020 con respecto a 2019.
Nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones para necesidades de liquidez por el encarecimiento de la energía.
Para para cubrir las necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles se ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros.
Esta nueva línea, como ayuda de Estado dirigida a mitigar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, debe ser autorizada por la Comisión Europea, por lo que no podrá otorgarse ningún aval con cargo a la misma hasta que se haya producido esta autorización.
Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros.
La nueva línea ICO se suma a la desplegada como consecuencia de la pandemia. Recordemos que ya hace casi dos años se habilitaron avales por 140.000 millones de euros. 100.000 millones para dotar de liquidez a autónomos y empresas y 40.000 para impulsar la inversión. Economía reconoce que solo se han otorgado 104.000 millones de euros, de manera que todavía están sin usar 36.000 millones.
Apoyo al sector primario y a la industria gran consumidor de energía.
Además de las prórrogas y nuevas líneas en materias de avales para el crédito de las empresas, el Ejecutivo ha aprobado una serie de apoyos al sector primario y al campo español. En este apartado se incluyen 430 millones de euros: 362 millones de ayudas directas al sector de la agricultura y la ganadería y otros 68 millones para el sector pesquero.
Igualmente, la norma aprobada por el Consejo de Ministros recoge, una serie de actuaciones destinadas a socorrer a la industria gran consumidora de energía por un importe de 488 millones de euros:
- Reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad.
- 125 millones de euros para ayudas directas a empresas gasintensivas.
- Concesión de las subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares.
También se aprueba un aumento de 65 millones de euros para compensar el coste de emisión de CO2 para este año.
Medidas para el sector transporte.
El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas por el que:
- Se inyectan más de 1.000 millones de euros.
- Se rebaja 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible (para toda la población).
- Se crea un nuevo fondo de 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo (1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia).
- Se establece un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos.
- Se reduce de tres a un mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos.
- Se asume el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo. Antes del 31 de julio, el Ministerio de Transportes presentará un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector.
ERTE sin despidos.
El alza de los precios de la energía no podrá ser causa de despido en las empresas que reciban ayudas. Y, en el caso de que el empleador “subvencionado” recurra a estos despidos tendrá que devolver todo lo recibido. Esto es:
a) Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.
b) Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
En realidad, sí se podrá despedir, igual que se ha podido durante la pandemia, lo que ocurre es que ha sido, y seguirá siendo más caro durante los próximos meses. Si no se puede considerar procedente un despido objetivo por causas económicas tendrá que ser un Tribunal el que dictamine si debe ser declarado nulo y, por tanto, la empresa tendría que readmitir al trabajador o improcedente (con una indemnización de 33 días por año).
Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)